Por: Mario Sotelo
La Defensoría de los Habitantes instó al Ministerio de Educación Pública (MEP) hacerse responsable en pagos de servicios básicos y de alimentación en escuelas y colegios para permitir que las juntas de educación y administrativas asuman un rol más de supervisión.
La petición se realizó con base a resultados preliminares de una investigación, de los recortes presupuestarios, problemas de ejecución, dificultades con la conformación e idoneidad de los miembros de las juntas de educación y administrativas, lo cual provocan problemas en el pago de servicios.
“Esto puede llevar a la acumulación de deudas, la suspensión de los servicios y en consecuencia, la interrupción de las lecciones”, advirtió la Defensoría.
Según la entidad, en los últimos años se han incrementado las denuncias interpuestas por centros educativos a los que les suspenden la luz y el agua.
Además, han determinado que así como se presentan inconvenientes con los servicios públicos, se dan problemas con el pago de facturas al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) “que genera deudas millonarias, en donde el Consejo Nacional de Producción (CNP) ha identificado juntas de educación que le debían hasta ¢150 millones”.
A lo referente se tomarian medidas para que se garantice la continuidad de servicios básicos y una alimentación adecuada para los estudiantes.
Defensoría propone transformación de las Juntas en base a investigación. Se conoció que ante las situaciones presentadas por las juntas educativas y administrativas, sucede que se recarga el trabajo para los directores de las escuelas y colegios, provocando que se desvíe la atención a las funciones académicas para atender trabajos administrativos
“La Defensoría señala que es oportuno revisar la naturaleza de las juntas de educación y administrativas, proponiendo su transformación de órganos auxiliares de la Administración Pública con responsabilidades administrativas a órganos de fiscalización del servicio”, señala el documento.
Para la institución, es evidente que los miembros de las juntas, además de dedicar tiempo prudencial a sus labores, requieren contar con conocimientos y habilidades básicas de cara a la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas.
La Defensoría de los Habitantes indicó que muchos miembros enfrentan investigaciones, sanciones o acusaciones judiciales, o que las funciones deben ser asumidas por la dirección del centro.
La investigación de la Defensoría de los Habitantes está en desarrollo y próximamente analizará las labores de las juntas de educación y administrativas en materia de infraestructura, compras de insumos y otras contrataciones.
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