Por: Mario Sotelo
Durante el transcurso de este martes 13 de agosto del 2024 Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, detuvieron a tres mujeres y dos hombres, quienes figuran como sospechosos del delito de Trata de Personas con Fines de Adopción Irregular.
La investigación referente del caso había dado inicio en el mes de octubre de 2022, luego que la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), remitiera en agosto de ese año un informe ante el Ministerio Público, en el cual hacía ver que, en la Oficina Local del PANI de Cariari de Pococí, existían una serie de irregularidades de tipo administrativo en trámites de adopción de personas menores de edad.
A raíz de esta situación, se realizaron diferentes diligencias de investigación, donde se logró identificar a estas personas sospechosas y, además, se pudo constatar que había irregularidades en la aparente ubicación de personas menores de edad; que no se estaban realizando correctamente los procesos administrativos, que se requieren en temas de adopción y también, brindaban falso testimonio en estos procesos con tal de apartar a estos menores de sus familias biológicas y colocarlos en alguna familia adoptiva, que posteriormente se habrían incluido en este tipo de programa, y donde adicionalmente se les brindaba una ayuda económica por parte del PANI, mientras se resolvía en instancias judiciales la tutela de los menores.
Por lo anterior, se allanaron las Oficinas del PANI de Cariari en Pococí, la sede de Puerto Jiménez en Puntarenas, el Departamento de Atención Regional Inmediata del PANI de Alajuela, la sede del PANI en Orotina y un centro integral ubicado en Santa Ana, San José; esto con el fin de ubicar evidencia de relevancia para la investigación.
Por su parte, la detención de estas personas se habría dado en los sectores de Guácimo, Siquirres, Pococí, Puerto Jiménez y Orotina.
Finalmente, los detenidos fueron presentados con un informe ante el Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.
Las investigaciones referentes a este caso continúan para esclarecer si estos funcionarios habrían recibido algún tipo de dádiva.
De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, se trata de las siguientes personas:
Mujer de apellido Hernández de 31 años
Hombre de apellido Fernández de 42 años
Mujer de apellido Chavarría de 48 años
Hombre de apellido Barrantes de 61 años
Mujer de apellido Chacón de 39 años.
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